“La doctrina de mi Partido tenía y tiene un carácter permanente;
no se trata de un movimiento pasatista porque los argentinos
deben al peronismo el conjunto de conquistas sociales que
caracteriza su vida presente”[1]
El propósito de este ensayo es reflexionar acerca de la actitud adoptada por los sindicatos peronistas frente a los gobiernos del periodo 1955-1975. A la luz de los textos de Daniel James[i] y de Juan Carlos Torre[ii], intentaremos caracterizar el rol de los sindicatos, con y sin Perón, durante estos años antiperonistas.
Durante el perÍodo de Perón, la clase obrera alcanzó grandes logros políticos y sociales que fueron garantizados por los sindicatos de esa época. Esos logros establecían lineamientos de lo que sus empleadores les podían demandar o no legalmente, garantizándoles una cierta calidad de vida laboral y desarrollando, de esta manera, una cultura fabril que difícilmente se les podía arrebatar y que siempre defendieron intensamente.
En el año 1955, después del derrocamiento de Perón comienza la era de la desperonización. Si bien el gobierno provisional de Lonardi estaba a favor de dejar actuar a los sindicatos peronistas, siempre y cuando fueran purgados de los vicios que lo caracterizaban, finalmente este será destituido – por el gobierno provisional de Aramburu- por su falta de autoridad para frenar los agravios hacia los sindicatos peronistas que respondían con grandes huelgas como forma de protesta a los ataques y al nuevo régimen. El gobierno reaccionó con la intervención de la CGT con sus líderes y sindicatos afiliados pero esto solamente despertó en la clase obrera peronista la necesidad de defender sus sindicatos.
En el régimen de Aramburu prevaleció el objetivo de borrar toda influencia peronista de todos los niveles y sectores de la sociedad argentina. Sin embargo, esto resultaba muy difícil y finalmente el gobierno reconoció que el peronismo, aún en ausencia de Perón, todavía persistía en los sindicatos.
Cuando el estado se proponía realizar actos que afectaban a los sindicatos peronistas- como cuando intervino la CGT o eliminó las comisiones internas que les quitó el poder que tenían sobre la producción- la respuesta de la clase obrera y de los sindicatos peronistas fue organizarse en la llamada “resistencia” que se tradujo en movilizaciones y huelgas para presionar al gobierno a negociar dejando claro el poder que tenían estos sindicatos para la toma de decisiones a nivel nacional en temas políticos y sociales. Cada vez que la clase obrera peronista veía en peligro la integridad de sus sindicatos y sus logros, se reafirmaban cada vez más en sus ideales peronistas, motivados a luchar por lo suyo en lugar de desistir. En ese año los gremios se organizaron en: 32 Gremios Democráticos, formados por antiperonistas y socialistas; 62 Organizaciones, formadas por sindicatos peronistas, para organizar sus acciones y presionar al gobierno en el ámbito sindical y político.
En cambio, cuando llegó Frondizi al poder, en 1958, este se presentó como la opción más conveniente para los peronistas. Este prometía seguir en ciertos temas la línea de pensamiento que se basaba en el código de trabajo en la era peronista, permitiendo también confirmar los logros que difícilmente habían obtenido en el régimen anterior. Los peronistas, sin Perón, que para ese entonces gozaban de de una gran confianza en sí mismos por haber resistido las represiones militares y recuperar sus sindicatos, realizaron huelgas que llevaron a Frondizi a aprobar la ley 14455. Esta ley permitía en gran medida que los gremios tuvieran un enorme poder centralizado que controlaba a los sindicatos en todos los aspectos, incluso financieramente. Poco tiempo después, Frondizi llevó a cabo el llamado “Plan estabilizador” que tuvo consecuencias negativas para la clase trabajadora y provocó grandes movilizaciones como forma de protesta. Además, las condiciones económicas externas que habían llevado a la recesión no dejaban mucho campo para la negociación, debilitando de este modo a los sindicatos y poniéndolos a la defensiva, poco a poco se fue abriendo el paso a la burocratización de los gremios. Si bien había elementos comunes entre la ideología del gobierno y la de los sindicatos -como la armonización del trabajo y el capital- las medidas económicas adoptadas por Frondizi iban a ser leídas por parte de los sindicatos como una traición a las ideas justicialistas. Durante estas épocas el sindicalismo peronista se verá obligado a negociar no sólo con la patronal sino también con el estado y los sindicatos no peronistas.
José María Guido llegó al poder con el respaldo del ejercito para sustituir a Frondizi tras haber anulado las victoriosas elecciones de los peronistas, orquestadas por el líder sindical Augusto Vandor. La expresión política de la clase obrera peronista estaría ligada a Vandor, quien había integrado los sindicatos al sistema político institucional. La fuerza y el poder de influencia peronista en los sindicatos, llegó a representar tanto a los afiliados y sus intereses económicos y sociales como al justicialismo en la esfera política, desencadenándose, de este modo una lucha de intereses. Era necesario ajustarse al peronismo sindical haciendo común las conversaciones entre líderes del gobierno y sindicales, sobre cuestiones económicas y sociales, y confirmando la importancia de los sindicatos peronistas en el sistema social y político. El poder de los sindicatos dependía de la ley 14455 por la cual el gobierno daba personería gremial a un solo candidato por rama industrial, asegurando a este el derecho a negociar. Los grandes sindicatos estaban centralizados y su poder descansaba en una única dirigencia nacional limitando la acción de los sindicatos afiliados.
Guido, por su parte, llevó a cabo un plan estabilizador parecido al de Frondizi provocando recesión y desempleo a lo que la renovada CGT respondió con el llamado Plan de Lucha para solucionar los daños económicos y sociales de sus afiliados. Este plan consistió en una semana de protesta para consolidar al movimiento sindical como interlocutor de otros sectores de la sociedad civil. La situación mejoró para 1963 y la CGT aplicó la segunda fase del plan para presionar al gobierno de Arturo Illia, sucesor de Guido, mediante la ocupación de fábricas en toda la industria. La similitud de la representatividad de la CGT con la de los partidos políticos despertó la necesidad de institucionalizarla para asegurar a los obreros un reconocimiento en discusiones del estado. La ley laboral abarcaba aspectos funcionales del sindicato y el uso que el gobierno hacía de esto era la base de las negociaciones entre el síndico y el estado, ocasionando que los asuntos gremiales se politizaran, ya que los gremios se interesaban en el carácter del gobierno nacional.
En 1966 Arturo Illia llevó a cabo el decreto 969 que afectó fuertemente las facultades de las que gozaban con anterioridad las dirigencias sindicales. Los sindicatos entraron en el “doble juego” de representar a los afiliados en la lucha por demandas económicas y al movimiento peronista en sus conflictos y maniobras con otras fuerzas políticas.
El sindicalismo de Vandor quería institucionalizar el movimiento peronista en una expresión política pero Perón, desde el exterior, estaba en desacuerdo porque esto limitaría su papel. En las elecciones de 1965 el sector sindical llevó al peronismo a la victoria. Pero este poder tendría sus límites. Institucionalmente, los sindicatos no podían prolongar las negociaciones de la movilización peronista a su gusto y la participación en las elecciones sin que las fuerzas armadas intervinieran. Los sindicatos peronistas no podían ganar porque eran la principal expresión política de Perón. La conducción sindical sabía que su capacidad de alcanzar el poder e influir en el sistema político venía de la aptitud de movilizar a sus afiliados en términos políticos como delegados de Perón y, en términos gremiales, como organizadores del movimiento obrero. El sistema electoral les daba mayor campo de acción para presionar y negociar.
El poder de negociación política de los sindicatos venía más de su posición como representantes de Perón ante las masas que de una capacidad negociadora de actividad sindical. Esto era una virtud pero también una debilidad, porque la dirigencia gremial no tenía control de la principal arma de negociación. Perón tenía que apoyarse en los sindicatos para negociar en el sistema político y esto planteaba en los sindicatos el desafío a la capacidad de Perón de definir el destino del movimiento. Por otra parte, la independencia del poder político sindical y crear un partido basado en los sindicatos dejando a Perón a un lado era imposible.
Juan Carlos Onganía fue apoyado por líderes sindicales porque aparentemente compartía sus ideas sobre las soluciones requeridas para la Argentina. En cambio, el régimen terminó con el poder de la jerarquía sindical suspendiendo toda actividad y organización política, eliminando el sistema de negociaciones, e impuso fuertes controles a incrementos salariales y suspendió las negociaciones colectivas.
El regreso de Perón a la esfera política se caracterizó por diversos cambios en las condiciones políticas en las que los obreros desplegaron su ofensiva. Durante esta época Perón restableció los lazos que había descuidado con los dirigentes sindicales y al mismo tiempo rompió relaciones con los sectores juveniles radicales. También cabe mencionar que se dedicó a controlar constantemente las movilizaciones espontáneas de los obreros.
Cuando Perón llegó virtualmente al poder con su candidato Héctor Cámpora, todo hacía parecer que los dirigentes sindicales alcanzarían grandes conquistas sin muchos roces al tener a un aliado en la presidencia que a la vez era el jefe de su movimiento. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que esto no sería así. Desde su triunfo electoral los sindicatos pensaron que iban a obtener grandes incrementos salariales a lo que Perón respondió con la presión para que firmaran el llamado “Pacto Social” -integrado entre sindicatos, empresarios y el gobierno- para adaptar la redistribución a la economía debilitada por los regímenes militares anteriores. Este pacto solo neutralizó el único método institucional que los sindicatos tenían para presionar que era la negociación.
La firma de este pacto separó a los dirigentes sindicales y la movilización popular, abriendo un nuevo espacio político de protestas que fueron más una reacción espontánea que un movimiento organizado. Dicha espontaneidad se dio por el clima laboral que resaltaba las oposiciones sociales y reforzaba los vínculos del trabajo que consolidaban la solidaridad interna de los obreros, y también, a causa de la falta de control que pronto los sindicatos padecieron por los cambios de la política laboral influenciada por las compañías internacionales y la ofensiva del gobierno radical contra la burocracia sindical.
Cuando Perón llegó formalmente al poder reconfirmó que el movimiento sindical era la columna vertebral del peronismo y los dirigentes sindicales creyeron que el pacto anterior sería olvidado para poder avanzar en la política de ingresos, pero Perón confirmaría la política económica que respaldaba al pacto. Dicho pacto pasaría por sus peores momentos de octubre a diciembre de 1973, cuando los intereses de los empresarios y los de los sindicatos se pusieron en juego. Los primeros, tendrían una resolución a favor ocasionando que la CGT acudiera a Perón para inclinar la balanza más a su favor. Esto no haría más que confirmar el poder de presión política que la dirigencia sindical tenía para afectar las decisiones.
Los conflictos basados en las condiciones de trabajo fueron ocasión de confrontaciones que caracterizaron el clima de protesta y descontento social que se dio durante el gobierno peronista. Si antes de 1973 ya dominaba la movilización de obreros en las industrias, cuando el peronismo entró en poder esto se agravó en intensidad y esparcimiento físico en el país. Era común el despido por parte de las empresas y la ocupación de instalaciones como respuesta de los trabajadores.
En los tiempos de los regímenes militares los empresarios lograron eliminar el poder que las comisiones internas les daban a los obreros y obtener de nuevo el control sobre las condiciones de uso de la fuerza de trabajo para incrementar la producción, a lo que los sindicatos respondieron que la improductividad en la industria se debían al mal manejo empresarial. Fue hasta 1966 que los sindicatos concentraron sus esfuerzos en proteger el poder adquisitivo del salario y las fuentes de empleo, teniendo por objetivo problemas relacionados al medio ambiente y normas laborales.
Pronto se dieron formas de acción directa que reflejó la falta de credibilidad de los trabajadores hacia los que los representaban debido a que la negociación regular había desaparecido. La movilización de los obreros radicalizó los problemas y amplió las demandas. Las sanciones de la gerencia incrementaban la ofensiva y los conflictos de los trabajadores. Fue así que los conflictos se retroalimentaban por la intolerancia de los obreros y las respuestas autoritarias de los empresarios.
Cabe mencionar que los obreros controlaban el desenvolvimiento de los conflictos hasta que en 1974 la violencia alcanzó niveles muy altos haciendo necesaria la intervención de grupos armados en conflicto laborales.
Para beneficio de los sindicatos que llevaban tiempo pidiendo la renegociación del Pacto Social este se dio gracias a la fuerte y constante presión sindical, la disminución de la rentabilidad de las empresas y por las finanzas públicas desgastadas. Pero pronto se vieron en un dilema en el que el beneficio de una parte significaba el prejuicio para la otra. Es por eso que Perón intervino en la cuestión para dar a todos los integrantes del pacto una resolución aceptable que principalmente consistía: para el sector laboral, un incremento de un 13% en los salarios; para los empresarios, el permiso para el aumento de los precio en montos a establecer; y para el gobierno, el fin de los subsidios en las compras de insumos importados, entre otras cosas. Sin embargo, los empresarios se inconformaron con el anuncio de los nuevos niveles de precios establecidos y lanzaron una trasgresión al Pacto Social.
Los conflicto políticos y sociales en los meses de abril y mayo de 1974 se tornaron tan ingobernables que Perón amenazó con renunciar a su cargo si se seguía atacando a su gestión. Entre marzo y junio los conflictos laborales incrementaron en gran medida buscando incrementos salariales que finalmente obtuvieron y cuyo costo los empresarios trasladarían a los precios creando un círculo virtuoso. Para entonces el Pacto Social carecía de autoridad.
A modo de conclusión, se podría decir que durante los años que Perón estuvo fuera de la Argentina, los sindicatos peronistas gozaron de una fuerza muy importante que les permitió negociar y hacer presión contra los gobiernos antiperonistas. A pesar de que poco a poco los sindicatos iban perdiendo capacidad de acción, estos también podían hacer sucumbir al gobierno mediante grandes movilizaciones reflejando su malestar -aunque en ciertas ocasiones fuera difícil distinguir cuál era el motivo real de estas movilizaciones, puesto que se hacían tanto para perseguir los intereses de los sindicatos y de la clase obrera como también para presionar en cuestiones políticas que los favorecieran.
Lo optimo hubiera sido que el sindicalismo peronista se mantuviera dentro de la esfera que le correspondía, al interior de la maquinaria política de Argentina y eliminara la corrupción que le era común tanto al sindicalismo con Perón como al sindicalismo sin Perón. Esto les hubiera dado la oportunidad de ser un canal activo donde se pudiera representar a la clase obrera y sus intereses en ámbitos sociales, políticos y económicos y ser un elemento positivo para el desarrollo para el país.
Si desde los primeros años del exilio de Perón, el rol principal de lo sindicatos peronistas fue el mantenimiento de los derechos alcanzados y la resistencia contra la desperonización de los sindicatos -a través de negociaciones con el Estado, los dueños de las fábricas y los sindicatos no peronistas-, en la tan deseada vuelta del General a la Argentina, el rol de los sindicatos, había quedado velado, aun en presencia de su más fiel creador. Esto se debió a que, por un lado, las nuevas generaciones sindicalistas se empiezan a pensar como fuerza política sindical independientemente de su líder. Por otro lado, la falta de apoyo por parte de Perón a las movilizaciones “espontáneas”, los hacía permanecer en la idea de que la lucha sindical continuaba con o sin Perón.
Octubre 2007
[1] Perón, Juan Domingo, “Del poder al exilio”, Ediciones Argentinas, 1973, pg. 29.
[i] James, Daniel, “Sindicatos, burócratas y movilización” en Violencia, proscrpción y autoritarismo (1955-1976), Ed. Sudamericana, pg. 116-167.
[ii] Torre, Juan Carlos, El gigante invertebrado, cap.1y 2, Ed.
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